Despenalización del aborto: una deuda de la democracia

En Argentina se producen 500 mil abortos por año, a pesar de que este ejercicio sea un acto ilegal. Las mujeres piden la despenalización y la elección de poder decidir sobre su propio cuerpo a la hora de ser madres.

(Por Aylén Guevara) En el año 2010 se presentó frente a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la Campaña Nacional por el derecho al  Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este contó con el apoyo de más de 47 diputados y diputadas de todos los bloques. Podría decirse que la discusión de este tema es una “deuda de la democracia”, es por eso que varias organizaciones feministas, universidades, agrupaciones no gubernamentales, entre otras cosas defienden y se manifiestan para que la interrupción voluntaria del embarazo sea aprobada en Argentina.

Actualmente se estima que en el país se producen 500 mil abortos por año, en su mayoría de forma ilegal y en sitios muy precarios. Según las autoridades sanitarias, 80 mil mujeres deben ser hospitalizadas luego de haber sido intervenidas quirúrgicamente. Dicha cirugía es la primera causa de muertes en mujeres embarazadas.

Daniel Teppaz, tocoginecólogo y director de la Dirección Provincial de Política de Género Interculturalidad en Salud de la Provincia, junto con Analía Aucía, abogada, coordinadora del Programa Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho e integrante del Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) estuvieron presentes en una charla convocada por Libres del Sur, en la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El tema a tratar fue la interrupción voluntaria del embarazo, ellos estuvieron compartiendo noticias y contestaron algunas dudas que tienen las mujeres sobre el pedido de la despenalización.

En el país existen dos excepciones en torno a terminar con un embarazo. La primera será en caso de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (Código Penal Argentino. Art. 86 inc 1°) y el segundo cuando el embarazo sea producto de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto (Código Penal Argentino. Art. 86 inc 2°). 

En los últimos años hubo al menos dos casos que se hicieron públicos en los medios, en ambos dos adolescentes menores de edad fueron abusadas. La Justicia tardó en determinar que las chicas quedaron embarazadas luego de una violación y por lo tanto, terminaron cumpliendo las 36 semanas de embarazo, dando así a luz a sus hijos. Hay que recordar que una interrupción debe realizarse dentro de los dos primeros meses de gestación, para asegurar la salud de la mujer.

Analía Aucía insistió que, con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, se evitarían muertes, lesiones físicas y psicológicas, pero que además se debe acompañar con educación sexual en los colegios y que los anticonceptivos deben ser entregados de manera gratuita a todas las mujeres de la República Argentina. Por su parte, recalcó: “Nadie está a favor del aborto, quién va a estar a favor del aborto”, aclarando así que el Estado debe trabajar en las etapas previas al aborto, para que las mujeres no deban llegar a dicha intervención.

Por otra parte, el tocoginecólogo habló de los grandes riesgos que las mujeres enfrentan a la hora de querer intervenir sus embarazos y de la gran diferencia que hay entre quienes pueden pagar a un buen médico y quienes se lo realizan en lugares precarios, careciendo así de los cuidados que deben ser ofrecidos. “El hecho de que el aborto este penalizado haría que las mujeres puedan ir al hospital público. No sólo se aseguraría el bienestar de las mujeres, si no que también se terminaría con un negocio muy importante”, declaró Daniel Teppaz. Se estima que actualmente un aborto realizado por un profesional costaría alrededor de  cinco mil pesos.

Los dos disertantes remarcaron y coincidieron en que el Estado es quién debe trabajar y coordinar actividades para concientizar a las jóvenes y mujeres embarazadas, además enfatizaron en que no debe morir ninguna mujer más por está práctica ilegal en el país.